Jovenes Al Frente - Bienes Comunes

Mineria o Derechos Humanos

2012-02-14T17:31:00.002-08:00

Por Darío Aranda*

Octubre de 1994. Cine de la capital catamarqueña. El presidente Carlos Menem, el gobernador Arnoldo Castillo y el secretario de Minería, Angel Maza protagonizaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera.

“Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”, afirmó Menem. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica.

El yacimiento de oro y cobre están en manos de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.

La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá.

A quince años del comienzo de las obras existe una decena de acusaciones: las familias de Juana Flores y de Manuel Casas vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis. Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en juicio con Alumbrera. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.

El fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.

Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004. El 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.

Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litro por día. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.

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Alumbrera es el caso testigo de que las promesas mineras no se cumplen. Con una agravante: en 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.

El pueblo de Andalgalá, Santa María y Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras.

En diciembre de 2009 cortaron el camino de acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.

En enero de este año, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.

El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas.

Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.

El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).

Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.

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La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Aumentó la exploración un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Siempre según datos oficiales (del informe 2009 “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

Nunca antes la minería había crecido tanto.

El jueves 9, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.

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El viernes 10, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.

El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá). Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases para todos.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.

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Megaminería y agronegocios (con la soja como estandarte) son parte de un modelo extractivo. La ingeniería legal data de los 90. El geométrico avance territorial: a la última década. Nunca antes la soja y la megaminería habían avanzando tanto. Y, cuando existen resistencias, imponen la represión (privada y/o estatal).

Ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional se refirió (al menos hoy) a la represión en Catamarca. Como tampoco sucedió cuando asesinaron al qom Roberto López en Formosa ni cuando asesinaron al campesino santiagueño Cristian Ferreyra. En Catamarca (por suerte) falló la puntería.

Sostener el modelo extractivo tiene costos ambientales, sociales y, sobre todo, humanos. Formosa, Santiago y, ahora, Catamarca, son sólo una muestra de los “daños colaterales” que los gobiernos están dispuestos a pagar.

* Periodista y escritor

El mapa del territorio argentino en manos de extranjeros

2011-09-07T08:06:00.000-07:00

Fuente: Patricio Eleisegui; www.iprofesional.com

Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son controladas por magnates y empresas externas. Reservas de agua, glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y minerales estratégicos permanecen en manos foráneas. A escasas semanas de anunciado el proyecto del Gobierno que apunta a regular la compra de tierras por parte de extranjeros, los alcances de las inversiones y el posicionamiento estratégico de empresarios y empresas del exterior a lo largo de la geografía argentina comienza, poco a poco, a salir a la luz.

Con el dominio de superficies productivas que, aseguran desde entidades como Federación Agraria Argentina (FAA) se acercan a las 30 millones de hectáreas, el capital foráneo dice presente en 23 provincias del país.

Campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares, acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control extranjero.

iProfesional.com ha venido dando cuenta de este fenómeno, que incluye casos emblemáticos como el de la familia Benetton, que ostenta casi 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut, y Neuquén.

También el de Douglas Tompkins, poseedor de unas 350.000 hectáreas en distintas jurisdicciones.

Pero estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que incluye, por ejemplo, al magnate estadounidense Ward Lay, vinculado con la firma Pepsico y con las famosas papas fritas "Lay’s", que controla 80.000 hectáreas en Neuquén.

En este marco, el reciente anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de enviar al Congreso un proyecto para limitar el avance foráneo, hizo que comiencen a aflorar casos paradigmáticos, a los que tuvo acceso este medio.

Por lo pronto, los primeros relevamientos efectuados por las distintas jurisdicciones dan cuenta de datos sorprendentes:

• Entre Ríos actualmente posee unas 800.000 hectáreas en manos de inversores de Estados Unidos, Holanda, España y Hungría.

• Mendoza, unas 500.000, cuyos titulares son franceses, chilenos, italianos, holandeses, españoles, ingleses, estadounidenses y hasta malayos. ¿Su interés? Básicamente la vitivinicultura.

• En Chubut, los primeros reportes dan cuenta de una cifra similar (500.000 hectáreas).

Otro ejemplo emblemático del poder económico extranjero lo ofrece la incursión del británico Joe Lewis en Río Negro, que tiene bajo su órbita unas 18.000 hectáreas, el control de todos los accesos que conducen al lago Escondido y, además, el emplazamiento de una pista aérea similar a la del aeropuerto de Bariloche.

Trasladado a un mapa, el dominio de tierras argentinas por parte del capital foráneo presenta el siguiente detalle:

Radiografía, provincia por provincia

"Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y la riqueza turística del país explican este gran interés ", afirmó a iProfesional.com Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de Federación Agraria.

"En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo a la venta otras 13 millones de hectáreas. Todas al mejor postor que, por lo general, es gente de afuera. Hay que evitar que este proceso se lleve a cabo", agregó.

Las palabras de Orsolini ganan contundencia si se las traslada al terreno geográfico.

En territorio bonaerense, el grupo italiano Paoletti acumula 13.000 hectáreas. La corporación también es conocida por haberse quedado con la concesión del Hotel Provincial, en Sierra de la Ventana.

"En La Pampa tenemos inversiones extranjeras. En particular, conozco varios casos de españoles", apuntó el gobernador Oscar Mario Jorge.

¿Qué sucede por el lado de Santa Fe? Si bien puede resultar llamativo, una de las provincias que alberga el grueso de las tierras más prósperas de la Argentina carece de un registro de compraventa de campos.

Como bien lo detallan medios santafesinos, "la Dirección de Catastro no cuenta con información sobre qué predios pertenecen a extranjeros. Tampoco el Registro de la Propiedad o el Ministerio de la Producción (provincial)".

Más allá de este vacío, desde Federación Agraria afirmaron a este medio que capitales italianos controlan vastas extensiones de terreno incluyendo, en su haber, unas 30.000 hectáreas operadas por el establecimiento Los Algodonales.

Por el lado de la provincia de Corrientes, en cambio, Tompkins aparece como el mayor propietario de tierras en los Esteros del Iberá, con alrededor de 140.000 hectáreas bajo su poder.

La zona es considerada clave para las próximas décadas no sólo por su biodiversidad, sino también por albergar una de las principales reservas de agua del planeta: el acuífero Guaraní.

En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su órbita algo así como el 6% del territorio total de la provincia.

Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa

En cuanto a Córdoba, tampoco cuenta con información precisa y actualizada respecto a la incidencia de los extranjeros.

El caso más resonante en esa zona es, sin dudas, la adquisición de hasta 30.000 hectáreas en cercanías de Río Cuarto por parte de allegados al ex presidente estadounidense George W. Bush.

Al parecer, entre los socios de los Bush se cuentan los empresarios Ronald Krongold, el multimillonario George Soros y los cubanos Fanjul, dueños del imperio azucarero Santo Domingo.

La adquisición de estas tierras respondería al interés de la familia del ex mandatario por exportar agua mineral "Premium".

Córdoba ha sido la provincia elegida por la canadiense Bolland, que ha venido concretando avances en la zona norte, en búsqueda de reservas de "tierras raras", una combinación de minerales vital para el desarrollo de nuevas tecnologías.

En Santiago del Estero, es fuerte la presencia de capitales estadounidenses que dominan grandes superficies dedicadas a la producción agrícola y ganadera.

En Formosa y Chaco, empresas australianas tienen bajo su poder un total de 1,4 millones de hectáreas.

Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca

Hablar de dominio foráneo en Salta es sinónimo de AIG.

Sucede que la firma estadounidense controla el 7% de la superficie de la provincia.

Otra norteamericana, la canadiense Artha Risources, anunció hace poco tiempo que se había hecho del control de unas 55.000 hectáreas en la zona de Cachi.

También en esa zona, una firma australiana posee la titularidad de unas 70.000 hectáreas.

Por el lado de Tucumán, los grandes capitales estadounidenses vuelven a estampar su sello como titulares de las mejores tierras de la provincia.

Ya en Jujuy, se encuentran varias compañías canadienses que, instaladas en zonas de salares, controlan diversas áreas ricas en litio, un mineral sumamente preciado en el mundo, dado que es requerido para la fabricación de baterías para autos, celulares y equipos tecnológicos.

En Catamarca, GCN Combustibles apunta al dominio del oro y uranio. Para ello, controla desde hace varios años unas 700.000 hectáreas en Fiambalá.

La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis

En Mendoza, diversas fuentes periodísticas locales vienen dando cuenta de unas 500.000 hectáreas en manos de inversionistas del exterior.

De esa porción, la mitad pertenece a inversores malayos. La otra, principalmente, es propiedad de empresarios italianos, franceses, españoles e ingleses.

En cuanto a La Rioja, cobró relevancia un hecho del que diera cuenta iProfesional.com: la venta de unas 200.000 hectáreas protegidas, a tan sólo un millón de dólares y vía Internet.

"En esa provincia una firma se quedó con más de 400.000 hectáreas que incluían el pueblo de Jagüe en su interior", había denunciado Orsolini.

Con respecto a San Juan, la presencia foránea se hace visible de la mano de mineras como la canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo los proyectos de oro y plata Veladero y el controvertido Pascua Lama.

Suizos y británicos, a través de Xstrata Copper, explotan cobre y molibdeno a través del proyecto Pachón. La producción, ajustada a una amplia porción de territorio sanjuanino, está destinada a abastecer plantas de refinamiento en Japón, Corea y Taiwán.

En lo que hace a San Luis, la canadiense Wealth Minerals adquirió casi 6.000 hectáreas en cercanías de Rodeo de los Molles, para iniciar la búsqueda de "tierras raras".

Patagonia extranjera

Más allá de los ejemplos enunciados, la Patagonia lidera cualquier nómina respecto del control extranjero de tierras argentinas.

A los casos de Benetton (900.000 hectáreas), Ted Turner (55.000), Tompkins (parte de las 350.000) se suman las del dueño de Pepsico (80.000) que, a través de Alicurá, explota espacios de pesca y cotos de caza.

En Rio Negro hace muy pocos días se conocieron los detalles de la entrega de otras 7.000 hectáreas que el gobierno de Miguel Saiz había otorgado en 2009 a un grupo belga.

Según medios locales, el traspaso se hizo con una particularidad: la zona es de glaciares e incluye en sus márgenes parte del cerro Carreras, desde donde nacen varios de los ríos más importantes de la provincia.

En Chubut, tal como diera cuenta iProfesional.com, la Península de Valdés se ha transformado en el punto de desembarco de inversores ingleses.

"Aunque la avanzada en el lugar la están realizando principalmente inversionistas británicos, también hay incursión de estadounidenses. Es notorio cómo aparecieron en el último tiempo numerosas sociedades anónimas que controlan grandes extensiones de tierras", enfatizó a iProfesional.com Carlos Lorenzo, diputado de la UCR chubutense.

Pero más allá de los nombres, lo que alimenta aún más la preocupación son las 13 millones de hectáreas que hoy se ofrecen a la venta, la mayoría de ellas ubicada en la Patagonia.

Un territorio que, tal como aseguraron a este medio agentes inmobiliarios y legisladores provinciales, alberga un número casi indeterminado de terrenos fiscales.

PRESIDENTE EVO MORALES AGRADECE APOYO INTERNACIONAL PARA QUE EL AGUA SEA DECLARADA UN DERECHO HUMANO

2010-08-03T07:27:00.001-07:00

Por Agencia Boliviana de Iinformación (ABI)

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, agradeció el jueves a los países que apoyaron la iniciativa boliviana para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declare al agua como un derecho humano.

Durante su participación en un acto público en esta ciudad amazónica, capital del departamento del Beni, el Jefe de Estado expresó su complacencia porque ahora la comunidad internacional considera plenamente que "el agua es un derecho humano y no un negocio privado".

"Una vez que la comunidad internacional reconoce que el servicio del agua es un derecho humano, debe ser administrado por las Alcaldías, Gobernaciones, el Gobierno nacional y no por empresas privadas", dijo.

Agregó que la aprobación internacional de esta iniciativa "no es un triunfo de Evo Morales, ni de Bolivia, sino de los pueblos del mundo".

El Mandatario señaló que las iniciativas bolivianas son admiradas en diversas naciones. Puso como ejemplo el Bono Juancito Pinto, que beneficia a millones de niños bolivianos, que en la actualidad es replicado en otras naciones.

Aclaró que pasa lo mismo pasa con la Renta Dignidad, y destacó los elogios a esa iniciativa de representantes de varias naciones que estudiaron sus alcances y la forma de aplicar ese beneficio en sus respectivas naciones. El Presidente ha ratificado en diversas oportunidades que el agua debe ser un derecho humano con libre acceso a todos los ciudadanos.

"El agua potable es un servicio y no debe ser objeto de acciones mercantilistas", dijo Morales, al resaltar que este servicio debe estar a cargo de los Estados y no de los consorcios privados.

De acuerdo con estudios realizados por la ONU, por lo menos 884 millones de personas carecen en el mundo totalmente de agua limpia y 2.500 millones sólo pueden acceder a este recurso vital a más de tres kilómetros de distancia de sus hogares.

Los estudios señalan, además, que 2.700 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y otras 1.200 no cuentan con servicios de limpieza y de aseo, ni letrinas.

El proyecto de resolución presentado por Bolivia sobre el agua y que ya cuenta con el aval internacional reafirmó la necesidad de proteger y promocionar todos los derechos humanos bajo la responsabilidad del Estado, aunque resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y el saneamiento.

Sin embargo, existen algunos países que tienen sus cuestionamientos para que derecho al agua sea considerado un derecho humano. Por ejemplo, en Inglaterra, la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha manifestado que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable del acceso al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano.

Igualmente en Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua, mientras que en Canadá el primer ministro Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

Bolivia ya ha consagrado en su nueva Constitución Política del Estado que el agua es un derecho humano. Así lo establece en sus artículos 16 y 20 donde resalta que el acceso al agua potable, el alcantarillado y el saneamiento "es un derecho universal del hombre que no puede estar sujeto al comercio".

Desde hace 10 años, Bolivia y sus movimientos sociales han entablado una lucha para evitar que empresas privadas tengan a su cargo el tratamiento y distribución del agua, al punto que ganaron la batalla.

Esa batalla para que el agua sea declarada un derecho humano ha sido llevada ante la ONU en busca del aval que consagre al agua como un derecho humano universal,

De acuerdo con los estudios realizados por la propia ONU, si es que las naciones no asumen medidas en defensa de la sobrevivencia del planeta, se corre el riesgo que hasta el año 2030 el mundo no cuente con el agua suficiente para sobrevivir debido al calentamiento global del planeta.

Solamente en Latinoamérica se teme que unas 77 millones de personas se vean ante la carencia del líquido elemento.

El presidente boliviano ha denunciado ante la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrado en Copenhague, Dinamarca, en diciembre pasado, que si el mundo no toma sus previsiones en defensa de la tierra como fuente de vida, al igual que del agua, el mundo avanza a pasos agigantados hacia su destrucción.

El fracaso de la Cumbre de Copenhague, donde no se lograron acuerdos ni entre propias naciones desarrolladas, hizo que Morales convocará a los representantes de organismos internacionales, Gobiernos, movimientos sociales e indígenas a reunirse en abril pasado en la localidad de Tiquipaya, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Tierra a adoptar decisiones.

En ese encuentro, al que asistieron más de tres millares de delegados de los cuatro continentes, fue aprobado un conjunto de recomendaciones entregadas por el propio mandatario boliviano al secretario ejecutivo de la ONU, Ban Ki-moon para que sean incluidas en los debates de la próxima cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en Cancún. México, en diciembre.

Entre esas recomendaciones está la necesidad de que el mundo y sus líderes tomen cartas en el asunto en defensa de la vida, de la tierra y del agua como recursos esenciales para que la humanidad sobreviva.

Morales hizo patente su convencimiento de que los cambios climáticos que sufre el planeta los últimos tiempos se originan en las acciones de los países ricos que están inmersos en una carrera industrializadora irracional que solamente busca fines mercantilistas sin importarles la vida de la humanidad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el miércoles el proyecto de Resolución presentado por Bolivia para que el agua y el saneamiento sean declarados como un derecho humano, informó el embajador ante ese organismo internacional, Pablo Solón.

"El proyecto de Resolución fue aprobado por 122 naciones votaron a favor de la iniciativa boliviana, contra 41 abstenciones y ninguna que se haya opuesto a la misma", dijo.

Agregó que entre las naciones que se abstuvieron de votar estaban Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

Solón anotó que, a partir del visto bueno de las naciones integrantes de la ONU para que el agua sea considerado un derecho humano, deben actuar en consecuencia para apoyar financieramente los programas que permitan dotar a la humanidad de este elemento, por ser vital para la vida.

El diplomático expresó su satisfacción por la decisión de la ONU, que hace varios años, en la década de los años 40, declaró como un derecho humano el acceso a la educación y al trabajo.

"No pudo ser menos que ese organismo internacional declare al agua en la misma categoría porque los seres humanos necesitan de ese elemento para sobrevivir y la tierra para producir".

Chaco: Freno a la fumigación

2010-06-17T05:32:00.001-07:00

Por Darío Aranda, Página /12

Un juez chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas

Por primera vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas (localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de agronegocios.

El barrio La Ralera está ubicado en la zona sur de La Leonesa, lindante a campos de arroz. Desde hace ocho años, los vecinos denuncian el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua producto de los agroquímicos. En los últimos tres años presentaron al menos 50 notas a distintos funcionarios y nunca tuvieron respuesta.

“En el barrio no crecen frutas, verduras y hortalizas. Se secan los naranjos y limoneros, como también los paraísos y otros arbustos. Pero lo más importante: los vecinos se enferman frecuentemente de patologías recurrentes y repetidas”, advertía en noviembre de 2008, en un documento público, la ONG Centro Nelson Mandela de Estudios e Investigación Social. También denunciaba el peligro de las comunidades indígenas y familias criollas cercanas a las arroceras. “Es más que seguro que continúen las lluvias de agrotóxicos y comiencen a manifestarse las enfermedades asociadas a la actividad”, avisaba.

En enero último, los vecinos presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar contra las arroceras San Carlos y Cancha Larga, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, que los campos de arroz no sigan extendiéndose, que se considere la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia, a cargo de Héctor Edgardo García Redondo, hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de mil metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizan vía terrestre) y 2 mil metros si son aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite a fumigar y, en un hecho sin precedentes, además prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua. También protege a las escuelas Nº 17 y Nº 68, que solían ver pasar las avionetas a pocos metros.

“Cabe resaltar que el principio precautorio indica que todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter preventivo. Y la realización de ciertas actividades o empleo de determinadas tecnologías, cuyas consecuencias hacia las personas o al medio ambiente sean inciertas pero potencialmente graves, deben ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta”, fundamenta el fallo, que prohíbe el uso de glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros.

Este diario se comunicó con la oficina del responsable de ambas arroceras, Eduardo Meichtry, pero no hubo respuesta a la consulta.

“Es una medida muy importante porque es la primera vez que en el Chaco se frena a los agroquímicos. Y puede ser un antecedente importante para otras muchas comunidades de la provincia que sufren lo mismo que La Leonesa y Las Palmas”, explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.

El fallo, dictado el 29 de abril, exige un estudio de impacto ambiental en 90 días, solicita al Ministerio de Producción un “informe detallado” de las aplicaciones aéreas y terrestres, transporte, almacenamiento y fraccionado de plaguicidas y agroquímicos de las arroceras denunciadas, requiere a la Administración Provincial del Agua (APA) que dé cuenta de los análisis ya realizados en la zona y ordena la realización de “un estudio estratégico y acumulativo” sobre plaguicidas, agroquímicos y derivados en los cursos de agua de Las Palmas y La Leonesa.

También ordena al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras hasta que se resuelva el amparo, y solicita a los municipios que entreguen, en quince días, un “informe detallado” sobre las medidas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes de los productores.

La causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia. No hay fecha posible de resolución.

Elio Servín vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por leucemia. “Primero nos dimos cuenta de que el agua venía turbia y con mal gusto. Después comenzaron las alergias y más tarde enfermedades jodidas. Hace unos dos años nos juntamos e hicimos denuncias, pero nunca los políticos nos llevaron el apunte”, recuerda y piensa a futuro: “Ahora la Justicia empieza a darnos la razón; pero falta mucho, atrás de todo están los peces gordos, los verdaderos responsables de las muertes, empresas y políticos que no dan la cara”.

“La corporación minera es dueña de la justicia en Catamarca”

2010-06-13T16:58:00.000-07:00

Conferencia de prensa denunciado persecución política en Andalgalá

Con la presencia de Rolando Flores (Autoconvocados por la Vida de Andalgalá - Asamblea el Algarrobo); los diputados nacionales del interbloque Movimiento Proyecto Sur Pino Solanas, Victoria Donda (presidenta de la comisión de DDHH), Jorge Cardelli, Liliana Parada y Cecilia Merchán; Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, SERPAJ); Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora); Maristella Svampa (Voces de Alerta) y Javier Rodríguez Pardo (miembro de MACH y de la RENACE) se realizó en la sala José Luis Cabezas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la conferencia de prensa donde se denunció la persecución política que sufren los integrantes de la Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, provincia de Catamarca.

Todos los presentes dedicaron una palabras para homenajear a las y los periodistas en su día.

Luego de que la diputada Victoria Donda iniciara la conferencia de Prensa, Rolando Flores afirmó que “el poder del dinero de las grandes multinacionales mineras vuelve a atacar al pueblo de Catamarca a través de la llamada justicia que tenemos en aquellos lugares. No solamente compran al poder político o a la policía sino también a los que deberían administrar la justicia” para luego concluir “El mismo juez que ordenó la represión el 24 de marzo en Andalgalá, hoy dicta el pedido de captura a un compañero. Un juez que fue funcionario de una empresa socia de la minera La Alumbrera; uno de los grandes deudores del banco Provincia de Catamarca que fue a la quiebra por este tipo de deudas, ahora levanta el dedo acusador contra un compañero que defiende los intereses de nuestro pueblo”

Posteriormente el diputado Fernando Pino Solanas manifestó “Si uno pone la lupa en Andalgalá, ve la radiografía del dominio político de una corporación que declara una facturación anual tres o cuatro veces el presupuesto de la provincia, pero como no declara los más de sesenta metales más valiosos incluso que el oro, es dueña de la provincia (…) Esto es un problema político serio, la corporación minera es dueña de la justicia, de los medios de comunicación, de las patotas, de la universidad, maneja toda la provincia”.

Pino luego sentenció “lo que pasa en Andalgalá no es diferente a lo que pasa en San Juan. En un lado un pope justicialista, en el otro uno radical, los dos abulonados al poder, a la asociación de las corporaciones”.

Luego fue el turno del resto de integrantes de la mesa; una de las palabras más sentidas fue la de Nora Cortiñas que con total convicción dijo:“Las madres vamos a seguir acompañándolos en esta lucha, donde hoy estarían nuestros hijos y nuestras hijas, sino no estaríamos así”.

Por último la diputada nacional Victoria Donda ratificó el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos de la HCDN para estar a lado del pueblo de Andalgalá ante semejantes atropellos de una justicia cómplice.

“Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad”

2010-05-10T13:24:00.000-07:00

por Eduardo Galeano

Mensaje a la Cumbre de la Madre Tierra:

Lamentablemente, no podré estar con ustedes. Se me atravesó un palo en la rueda, que me impide viajar.

Pero quiero acompañar de alguna manera esta reunión de ustedes, esta reunión de los míos, ya que no tengo más remedio que hacer lo poquito que puedo y no lo muchito que quiero.

Y por estar sin estar estando, al menos les envío estas palabras.

Quiero decirles que ojalá se pueda hacer todo lo posible, y lo imposible también, para que la Cumbre de la Madre Tierra sea la primera etapa hacia la expresión colectiva de los pueblos que no dirigen la política mundial, pero la padecen.

Ojalá seamos capaces de llevar adelante estas dos iniciativas del compañero Evo, el Tribunal de la Justicia Climática y el Referéndum Mundial contra un sistema de poder fundado en la guerra y el derroche, que desprecia la vida humana y pone bandera de remate a nuestros bienes terrenales.

Ojalá seamos capaces de hablar poco y hacer mucho. Graves daños nos ha hecho, y nos sigue haciendo, la inflación palabraria, que en América latina es más nociva que la inflación monetaria. Y también, y sobre todo, estamos hartos de la hipocresía de los países ricos, que nos están dejando sin planeta mientras pronuncian pomposos discursos para disimular el secuestro.

Hay quienes dicen que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. Otros dicen que la hipocresía es la única prueba de la existencia del infinito. Y el discurserío de la llamada “comunidad internacional”, ese club de banqueros y guerreros, prueba que las dos definiciones son correctas.

Yo quiero celebrar, en cambio, la fuerza de verdad que irradian las palabras y los silencios que nacen de la comunión humana con la naturaleza. Y no es por casualidad que esta Cumbre de la Madre Tierra se realiza en Bolivia, esta nación de naciones que se está redescubriendo a sí misma al cabo de dos siglos de vida mentida.

Bolivia acaba de celebrar los diez años de la victoria popular en la guerra del agua, cuando el pueblo de Cochabamba fue capaz de derrotar a una todopoderosa empresa de California, dueña del agua por obra y gracia de un gobierno que decía ser boliviano y era muy generoso con lo ajeno.

Esa guerra del agua fue una de las batallas que esta tierra sigue librando en defensa de sus recursos naturales, o sea: en defensa de su identidad con la naturaleza.

Hay voces del pasado que hablan al futuro.

Bolivia es una de las naciones americanas donde las culturas indígenas han sabido sobrevivir, y esas voces resuenan ahora con más fuerza que nunca, a pesar del largo tiempo de la persecución y del desprecio.

El mundo entero, aturdido como está, deambulando como ciego en tiroteo, tendría que escuchar esas voces. Ellas nos enseñan que nosotros, los humanitos, somos parte de la naturaleza, parientes de todos los que tienen piernas, patas, alas o raíces. La conquista europea condenó por idolatría a los indígenas que vivían esa comunión, y por creer en ella fueron azotados, degollados o quemados vivos.

Desde aquellos tiempos del Renacimiento europeo, la naturaleza se convirtió en mercancía o en obstáculo al progreso humano. Y hasta hoy, ese divorcio entre nosotros y ella ha persistido, a tal punto que todavía hay gente de buena voluntad que se conmueve por la pobre naturaleza, tan maltratada, tan lastimada, pero viéndola desde afuera.

Las culturas indígenas la ven desde adentro. Viéndola, me veo. Lo que contra ella hago, está hecho contra mí. En ella me encuentro, mis piernas son también el camino que las anda.

Celebremos, pues, esta Cumbre de la Madre Tierra. Y ojalá los sordos escuchen: los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad.

Vuelan abrazos, desde Montevideo.

Resultados de la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático

2010-05-01T17:17:00.000-07:00

Con marchas, música y cánticos concluyó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Esta conferencia marca un hito en la historia de los pueblos y sus demandas sobre cambios estructurales para salvar al planeta y que deberán ser escuchadas en Cancún, México el próximo diciembre. Aquí publicamos algunas de las propuestas después de Cochabamba.

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

22 de Abril Cochabamba, Bolivia Acuerdo de los Pueblos

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.

Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:

·armonía y equilibrio entre todos y con todo ·complementariedad, solidaridad, y equidad ·bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra ·respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos ·reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene ·eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo. ·paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:

·Derecho a la vida y a existir; ·Derecho a ser respetada; ·Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas; ·Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados; ·Derecho al agua como fuente de vida; ·Derecho al aire limpio; ·Derecho a la salud integral; ·Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos; ·Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable. ·Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

* Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.

* Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.

* Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.

* Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.

* Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.

Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.

El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.

Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.

Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.

CAMIONETA CON LOGO DE LA EMPRESA YAMANA GOLD ATROPELLO A MILITANTE AMBIENTALISTA

2010-01-15T16:56:00.001-08:00

Alrededor de las 16 horas del 13 de enero en la Av. Perón de la ciudad de Chilecito, la asambleísta Marcela Crabbe identificó una camioneta de la empresa minera Yamana Gold, pidiéndole al su conductor que se detuviera.

Con la camioneta detenida se entabla un dialogo en donde el conductor reconoce como destino de su viaje la mina Gualcamayo (San Juan), por lo que a continuación Marcela Crabbe le explica que en solidaridad con las otras asambleas de otras provinicas, la Asamblea de Chilecito decidió no dejar transitar transporte alguno que alimente la continuidad de los mega emprendimientos mineros, que saquean nuestros recursos y contaminan nuestro ambiente.

En una actitud de violencia absoluta el conductor de la camioneta – Toyota Hailu color gris chapa patente GUC 733 - pone en macha el vehículo golpeando el cuerpo de Marcela Crabbe. Como todo lo descripto sucedió en la entrada de la ciudad, también se pudo constatar que el puesto caminero de ingreso a la ciudad de Chilecito no controla lo suficiente en cuanto a lo que ingresa como tampoco el exceso de velocidad con el que transitan los vehículos , pues al pasar la camioneta de la empresa minera a alta velocidad no hubo policía alguno que lo detuviera.

Finalmente Marcela Crabbe en compañía de otras asambleístas se dirigieron a presentar la denuncia en Comisaria Regional Segunda, en donde notaron la intención, por parte del personal policial, de dilatar todo lo posible la situación antes de asentar la denuncia, dado a la espera prolongada que tuvo que soportar hasta ser atendida.

evo defiende a la madre tierra ante la O.N.U.

2009-04-26T05:50:00.000-07:00

El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió este miércoles los derechos de la Madre Tierra ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde pidió "reflexionar profundamente sobre los derechos del planeta y de los seres vivos".Morales indicó, en una sesión especial a propósito del Día Mundial de la Tierra, "que en los últimos años vemos un daño permanente a la Madre Tierra, por eso la iniciativa del Gobierno Nacional de que esta fecha se recuerde. Este no debe ser un día de fiestas sino un día de reflexión profunda sobre el planeta"."Si recordamos los siglos pasados (...) los gobiernos no reconocían los Derechos Humanos en las legislaciones, luego comenzaron a reconocerlos. Pero debemos admitir que la Madre Tierra también tiene sus derechos y este siglo XXI los debemos reconocer", dijo.Morales advirtió en su discurso que lo que está pasando en el planeta con el cambio climático es por no respetar los derechos de la Madre de Tierra.

"La ONU es quien tiene que hacerlos respetar, porque el gran desafío que tenemos es pensar y velar por los derechos de todo y de todos".Sin embargo, aceptó que esta tarea no es fácil, porque muchas personas en particular algunos abogados, han dicho que sólo los seres humanos tienen derechos, pero la Tierra tambien tiene derechos, "aunque este planteamiento es difícil de aceptarlo porque algunas personas se creen el ombligo del mundo, pero al final se impondrá la razón, la sensatez". El Jefe de Estado boliviano reiteró que la vida humana no es posible sin la Madre Tierra. "Lo que que vemos hoy en las montañas andinas es que cada día van perdiendo su 'poncho' blanco, las lagunas se secan, las islas se pierden esto es grave para la humanidad".Morales pide declaración universal Al término de su exposición, el presidente Morales instó a la ONU ha consensuar una declaración universal en el seno de este organismo que defienda los derechos del planeta, para lo cual propuso cuatro derechos básicos fundamentales.El primero de ellos sería el derecho a la vida, a existir, lo que garantiza que ninguna especie, nevado, río, lago sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los Derechos Humanos. "Tenemos que reconocer que la Madre Tierra tiene derecho a existir y nuestro derecho termina donde empezamos a provocar daños a la naturaleza".El segundo derecho sería a la regeneración y la biodiversidad, ya que la Tierra en sus recursos no puede ser ilimitada, el desarrollo no puede ser infinito. Este es un derecho a la capacidad de regeneración de biodiversidad de los animales, fuentes de agua, la atmósfera. "Es más importante producir oxígeno que dióxido de carbono, ya que si consumimos y derrochamos más de lo que la Madre Tierra es capaz de reponer estamos matando nuestro hogar, asfixiando nuestro planeta y a nosotros mismos", añadió Morales.El tercer aspecto es el derecho a una vida limpia, que implica el derecho de la Madre Tierra a vivir sin contaminación, "porque los árboles, personas y animales tienen derecho a vivir bien, en un ambiente sano libre de envenenamiento e intoxicación".El último derecho es la amornía y el equilibrio entre todos, "en este derecho debemos ser reconocidos como parte de un todo, donde somos interdependientes en el planeta, ya que en el planeta hay millones de especies vivas pero sólo los seres humanos podemos velar por los derechos de la Tierra".Establecido en 1970 por la Asamblea General, el Día Internacional de la Tierra tiene como objetivo promover la conciencia mundial sobre temas del entorno y alertar sobre la sobreexplotación de sus recursos naturales y la contaminación.
Salvar al planeta
Después de su discurso ante la ONU, Morales ofreció una rueda de prensa, en la que reiteró que "estamos en la obligación de salvar al planeta tierra, esa debe ser la próxima tarea de las Naciones Unidas, de los gobiernos y de la gente".
Dijo que en su país se vive un "proceso de revolución cultural, democrática, que el gobierno ha ido defendiendo con marchas pacíficas y hasta con huelgas de hambre, para defender con el voto del pueblo y defender la igualdad en el país".
El presidente boliviano también instó a defender el estado de derecho y la democracia pero también "defenderme como un presidente legalmente constituido, porque por primera vez en la historia boliviana un presidente, un gobierno gana cuatro elecciones junto con los movimientos sociales".
Mientras tanto, Morales lamentó que grupos neoliberales que todavía sobreviven en algunas regiones primero intentaron sacarlo con el voto del pueblo y fracasaron, así como también intentaron un golpe de estado civil.
Al referirse a los intentos de magnicidio que se han dado en Bolivia, Evo expresó "ahora quieren acabar con la vida de autoridades en Bolivia pero estoy seguro que esto también fracasará".
Ante la Asamblea de la ONU, Morales expresó que "hicimos un pedido en muchos países de que la crisis financiera debe ser debatida porque esto es responsabilidad de todos, aunque haya algunos culpables específicos".
"Esperamos que en esta conferencia internacional sobre la crisis financiera convocada por Naciones Unidas todos podamos escucharnos para poder encontrar una solución".

El tóxico de los campos

2009-04-13T10:08:00.000-07:00

El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida.

Por Darío Aranda (pagina 12 13-4-09)

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas. Funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio referente en el estudio científico, conformado por licenciados en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie.

“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología.

El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la fumigación por la industria agroquímica oscilan entre el uno y el dos por ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se recomienda 10/20 mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios del sector– que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxico, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de agua).

Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los recomendados por las compañías) y los reales (los usados por los sojeros), los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solución de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos con soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, y en concentraciones variables, los resultados fueron rotundos.

“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza sobre efectos neurológicos graves: “(Se comprobaron) Alteraciones en los mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución de neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso”.

Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. “Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara.

“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”.

La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y es comercializada por la empresa Monsanto, que vende las semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.

Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” (en este caso el glifosato) y otras sustancias (llamadas coadyuvantes o surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en detalle), cuya función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del ingrediente activo. “El POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de grasas animales) es uno de los aditivos más comunes y más tóxicos, se degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, que describe el POEA como un detergente que facilita la penetración del glifosato en las células vegetales y mejora su eficacia. Investigadores de diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) y confirmado sus consecuencias.

En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero en investigar los efectos del herbicida y el glifosato puro en el desarrollo embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos estudiado y denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en embriones a dosis equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 300.000 veces menores, tiene una actividad específica para dañar las células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, permite afirmar que el glifosato es causante de malformaciones por interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo los procesos biológicos normales.”

Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de embriología.

La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores daños colaterales del glifosato”.

La Naturaleza no es Muda

2009-01-06T16:36:00.000-08:00

Por Eduardo Galeano

El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate.
Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza.
La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.
- Un objeto que quiere ser sujeto
Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos.
En los hechos, no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el derecho de tenerlos; y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para consuelo de sus siervos.
¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad, y nunca como sujeto de derecho.
Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica, y eso siempre después de que el daño se ha hecho, pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire.
Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de los Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de ciento veinte años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención.
- Gritos y susurros
Nada tiene de raro, ni de anormal, el proyecto que quiere incorporar los derechos de la naturaleza a la nueva Constitución de Ecuador.
Este país ha sufrido numerosas devastaciones a lo largo de su historia. Por citar un solo ejemplo, durante más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa petrolera Texaco vomitó impunemente dieciocho mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y gentes. Una vez cumplida esta obra de beneficencia en la Amazonia ecuatoriana, la empresa nacida en Texas celebró matrimonio con la Standard Oil. Para entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado a llamarse Chevron y estaba dirigida por Condoleezza Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza hasta la Casa Blanca, mientras la familia Chevron-Texaco continuaba contaminando el mundo.
Pero las heridas abiertas en el cuerpo de Ecuador por la Texaco y otras empresas no son la única fuente de inspiración de esta gran novedad jurídica que se intenta llevar adelante. Además, y no es lo de menos, la reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las más antiguas tradiciones de Ecuador y de América toda. Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por casualidad que la asamblea constituyente ha empezado por identificar sus objetivos de renacimiento nacional con el ideal de vida del “sumak kausai”. Eso significa, en lengua quichua, vida armoniosa: armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos abriga y que tiene vida propia, y valores propios, más allá de nosotros.
Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible.
Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la Civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio.

Carta de Evo sobre Medio Ambiente

2009-01-06T16:34:00.000-08:00

Carta del Presidente Evo Morales a los representantes miembros de la Naciones Unidas sobre el medio ambiente
01/10/2007

Respetemos a nuestra Madre Tierra

Hermanas y hermanos Presidentes y Jefes de Estado de las Naciones Unidas: El mundo tiene fiebre por el cambio climático y la enfermedad se llama modelo de desarrollo capitalista. Mientras en 10.000 años la variación de dióxido de carbono (CO2) en el planeta fue de aproximadamente un 10 por ciento, en los últimos 200 años de desarrollo industrial, el incremento en las emisiones de carbono ha sido de un 30 por ciento. Desde 1860, Europa y Norteamérica han contribuido con el 70 por ciento de las emisiones de CO2. El 2005 ha sido el año más caluroso de los últimos mil años en el planeta.
Diferentes investigaciones demuestran que de 40.170 especies vivas estudiadas, 16.119 están en peligro de extinción. Un pájaro de cada ocho puede desaparecer para siempre. Un mamífero de cada cuatro está amenazado. Un anfibio de cada tres puede dejar de existir. Ocho crustáceos de cada diez y tres insectos de cada cuatro están en riesgo de extinguirse. Vivimos la sexta crisis de extinción de especies vivas en la historia del planeta Tierra y, en esta ocasión, la tasa de extinción es 100 veces más acelerada que en los tiempos geológicos.
Ante este futuro sombrío, los intereses transnacionales proponen seguir como antes y pintar la máquina de verde, es decir, seguir con el crecimiento y el consumismo irracional y desigual generando más y más ganancias sin darse cuenta de que actualmente estamos consumiendo en un año lo que el planeta produce en un año y tres meses. Ante esta realidad, la solución no puede ser el maquillaje ambiental.
Para mitigar los impactos del cambio climático leo en informes del Banco Mundial que hay que acabar con los subsidios a los hidrocarburos, ponerle precio al agua y promover la inversión privada en los sectores de energía limpia. Nuevamente quieren aplicar las recetas de mercado y privatización para hacer negocios con la propia enfermedad que estas políticas producen. Lo mismo sucede en el caso de los biocombustibles puesto que para producir un litro de etanol se requieren 12 litros de agua. De igual forma, para procesar una tonelada de agrocombustibles se necesita, en promedio, una hectárea de tierra.
Ante esta situación, nosotros -los pueblos indígenas y los habitantes humildes y honestos de este planeta- creemos que ha llegado la hora de hacer un alto para reencontranos con nuestras raíces, con el respeto a la madre tierra; con la Pachamama como la llamamos en los Andes. Hoy, los pueblos indígenas de América Latina y del mundo estamos convocados por la historia para convertirnos en la vanguardia de la defensa de la naturaleza y de la vida.
Estoy convencido de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada recientemente después de tantos años de lucha, tiene que pasar del papel a la realidad para que nuestros conocimientos y nuestra participación nos ayuden a construir un nuevo futuro de esperanza para todos. Quién sino los pueblos indígenas podemos señalar el rumbo de la humanidad para la preservación de la naturaleza, de los recursos naturales y de los territorios que habitamos ancestralmente.
Necesitamos un golpe de timón de fondo y a nivel mundial para dejar de ser los condenados de la tierra. Los países del norte tienen que reducir sus emisiones de carbono entre un 60 y un 80 por ciento si queremos evitar que la temperatura de la tierra suba más de 2 grados en lo que queda de siglo provocando que el calentamiento global alcance proporciones catastróficas para la vida y la naturaleza.
Tenemos que crear una Organización Mundial del Medioambiente con fuerza vinculante, y disciplinar a la Organización Mundial del Comercio empeñada en llevarnos a la barbarie. Ya no podemos seguir hablando de crecimiento del Producto Bruto Nacional sin tomar en cuenta la destrucción y el derroche de los recursos naturales. Tenemos que adoptar un indicador que permita considerar, de manera combinada, el Índice de Desarrollo Humano y la Huella Ecológica para medir nuestra situación medioambiental.Hay que aplicar fuertes impuestos a la superconcentración de la riqueza y adoptar mecanismos efectivos para su redistribución equitativa. No es posible que tres familias tengan ingresos superiores al PIB conjunto de los 48 países más pobres. No podemos hablar de equidad y justicia social mientras continúe esta situación.
Los Estados Unidos y Europa consumen, en promedio, 8.4 veces más que el promedio mundial. Por ello, es necesario que bajen sus niveles de consumo y reconozcan que todos somos huéspedes de una misma tierra; de la misma Pachamama.
Sé que no es fácil el cambio cuando un sector extremadamente poderoso tiene que renunciar a sus extraordinarias ganancias para que sobreviva el planeta Tierra. En mi propio país sufro, con la frente en alto, ese sabotaje permanente porque estamos acabando con los privilegios para que todos podamos "Vivir Bien" y no mejor que nuestros semejantes. Sé que el cambio en el mundo es mucho más difícil que en mi país, pero tengo absoluta confianza en el ser humano, en su capacidad de razonar, de aprender de sus errores, de recuperar sus raíces y de cambiar para forjar un mundo justo, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico con la naturaleza.

Evo Morales AymaPresidente de la República de Bolivia

emergencia forestal

2009-01-06T16:31:00.001-08:00

Pese a que los Senadores se habían comprometido a tratar la Ley de Bosques el miércoles pasado, fuertes intereses del sector sojero presionaron para volver a postergar su aprobación. De continuar esta situación la ley podría no tratarse este año y habremos perdido todo el terreno que, gracias a el apoyo de más de un millón trecientos mil argentinos, logramos ganar hasta hoy.

la argentina en emergencia forestal

2009-01-06T16:25:00.000-08:00

LA ARGENTINA ESTA EN EMERGENCIA FORESTAL: PERDEMOS UNAS 30000 HECTAREAS DE BOSQUE NATUVO POR AÑO, UNA HECTAREA CADA 2 MINUTOS.

QUEREMOS SUMAR 1.000.000 DE VOTOS PARA FRENAR ESTADESTRUCCION

Organizaciones de todo el país estamos promoviendo una Ley de Bosques que establezca una moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de los bosques nativos, para planificar un uso sustentable de los mismos.La deforestación alentada por el avance descontrolado de la agricultura y la ganadería provoca la pérdida de especies en peligro, desertificación, inundaciones y el desalojo de comunidades campesinas e indígenas. Por eso queremos conseguir UN MILLÓN DE VOTOS POR LA LEY DE BOSQUES. Debemos lograr que los senadores de todas las provincias aprueben urgentemente la Ley.
Detengamos los desmontes.
Votá ya por la Ley de Bosques.

www.greenpeace.org.ar/cyberacciones/bosques.html

VOTA POR:
"La urgente aprobación en el Congreso Nacional de una Ley de Bosques que establezca una moratoria a los desmontes hasta que en cada provincia se realice un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Un proyecto de "Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos" que contiene estas medidas ya tiene media sanción de Diputados y debe ser aprobado ahora en el Senado Nacional (Exp.3/07)."